por:
García Gutiérrez Humberto
Velasco Quintero Adriana Ivonne
Camacho Bernal Paola
Serna Franco José Erandi
Todo comenzó en 1935 cuando las empresas petroleras (Huasteca y Águila, entre otras), en manos del capital extranjero, trataron de impedir la formación de sindicatos y usaron para ello todos los medios que estuvieron a su alcance, tanto lícitos como ilícitos. Aun así, se logró, en cada compañía petrolera, crear sindicatos únicos, pero las condiciones de trabajo entre los obreros mexicanos y extranjeros eran muy diferentes.
Finalmente, el 27 de diciembre de 1935 nació el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, no sin vencer una serie de trabas legales, particularmente en Tamaulipas y Veracruz. El 29 de enero de 1936, este sindicato se incorporó al Comité de Defensa Proletaria, de la cual surgiría, al mes siguiente, la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
El 20 de julio d ese año, el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros llevó a cabo su primera convención, en la cual formuló un proyecto de contrato general con todas las compañías y emplazó a huelga para exigir su cumplimiento.
El presidente Lázaro Cárdenas intervino para mediar ante las compañías y así intentar lograr la firma de este contrato. Tras un acuerdo, se aplazó la huelga por cuatro meses, que se prolongaron aún dos más. Todo fue inútil, pues no se llegó a ningún acuerdo con las compañías petroleras y el 28 de mayo de 1937 estalló la huelga, lo que paralizó al país entero al no despacharse gasolina por doce días.
Ante tal conflicto, el presidente Cárdenas hizo un llamado a la cordura y la huelga se levantó en tanto no se emitiera un fallo. Las compañías declararon que se encontraban con problemas financieros y no podían cumplir con las demandas de los trabajadores.
Se decidió entonces investigar al respecto. El 3 de agosto, una comisión de peritos encabezada por Jesús Silva Herzog dio a conocer su conclusión: “La industria petrolera mexicana produce rendimientos muy superiores a la de Estados Unidos”
Tal decisión molestó a los empresarios petroleros, quienes amenazaron con retirarse de México y llevarse todo su capital, Así mismo, las cosas se complicaban pues ante el emplazamiento a huelga, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no emitía su fallo y los meses seguían corriendo. Esto trajo como consecuencia un paro general de 24 hora, el 8 de diciembre en protesta por el retraso.
Diez días después, la junta emitió su fallo a favor de los trabajadores, lo cual significaba que las empresas petroleras deberían pagar 26 millones de pesos de salarios caídos de la huelga de mayo; hecho que no atacaron, y se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia.
El 3 de marzo de 1938 fue un mal día para los dueños de las compañías petroleras, pues la Suprema Corte de Justicia les negó el amparo, lo que además los obligaba a elevar salarios y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.
El presidente Lázaro Cárdenas tuvo reuniones con las compañías el 3, 6 y 7 de marzo. Según relatos de testigos, en la junta del 7 de marzo cuando el presidente Lázaro Cárdenas solicitó el pago de los 26 millones como una garantía para levantar la huelga, uno de los dueños de una de las compañías preguntó “¿Y quién lo garantiza?”. “El presidente de la República” contestó Lázaro Cárdenas, a lo cual el dueño respondió “¿Usted y quién más?”. Lázaro Cárdenas dio por terminadas las pláticas.
El viernes 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras, advertidas por personas dentro del gobierno de que el presidente planeaba algo “fuerte” en contra de ellas, declararon en el último momento estar dispuestas a hacer el pago, pero el presidente Cárdenas ya había tomado una decisión: a las 10 de la noche declaró la expropiación mediante la cual la riqueza petrolera, que explotaban las compañías extranjeras, se volvió propiedad de la nación Mexicana.
Mensaje del presidente Lázaro Cárdenas dando a conocer a la nación la expropiación petrolera
“La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la suprema corte las condenó a pagar sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales, por inconformidad con las resoluciones de los tribunales de trabajo, impone el ejecutivo de la unión el deber de buscar en los recursos nuestra legislación un remdeio eficaz que evita definidamente para el presidente y fututo el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes, o de una de ellas, mediante una simple declaración de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso”.
“Es evidente que el problema que las compañías petroleras platearon al poder ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impulso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en la república y que necesitan la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación, que quedara expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando haberse constituido previamente en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen las autoridades del propio país.” [1]
Obras consultadas:
- Herzog, Silvia; Lázaro Cárdenas, E. Nuestro Tiempo, S.A., México, D.F, 1988, pp. 137
- Gilly, Adolfo; El cardenismo, chautopia mexicana, E. Era, México, D.F., 1994, pp. 384












